Los decretos complementaban los que firmara en octubre de 1989, a tres meses de su asunción, en donde indultaba a los golpistas responsables de secuestros, desapariciones, y apropiación de niños y bienes. Continuaba la claudicación que Raúl Alfonsín, como presidente jaqueado por los poderes reales, había promulgado con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986 y 1987). Benefició a carapintadas pero también a los ex miembros de la Junta militar condenados por sus responsabilidades políticas y crímenes militares en la Guerra de Malvinas: teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, almirante Jorge Isaac Anaya y brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo. Sabiendo de la resistencia que enfrentaría por buscar un olvido sin justicia, intentó compensar con los indultos de los líderes de organizaciones armadas, juzgados y condenados durante la presidencia de Alfonsín, reflotando la “teoría de los dos demonios”.
Cuando en el 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner no obvió las demandas y anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tras lo cual algunos jueces declararon inconstitucionales los indultos referidos y reabrieron los casos tres años antes que la Cámara de Casación Penal (máximo tribunal). Recién en agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias dictando la inconstitucional de los indultos basándose en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
La nulidad de las leyes de impunidad, más la orden de Néstor Kirchner de descolgar los retratos de Jorge Rafael Videla y Benito Bignone de la galería del Colegio Militar, buscó “recomponer la imagen del Ejército”, resaltando que las nuevas generaciones militares estaban comprometidas con la democracia.
Al asumir la presidencia Mauricio Macri, eligió entre el personal político a ex militares y funcionarios que reivindican el terrorismo de Estado, alegando el fin del “curro de los derechos humanos”. El PRO se opuso la conformación de la comisión bicameral para investigar los delitos de los empresarios durante la dictadura. No está mal resaltar que ningún gobierno abrió los archivos de la dictadura en poder del Estado y de la Iglesia.
En el orden local, los funcionarios bonaerenses pertinentes no aceptaron las indicaciones de en dónde buscar los calabozos transitorios en el aeropuerto de Ezeiza, ni indagar en cómo eran trasladados hasta la “205” a través de la Escuela Hogar Evita ni mucho menos, investigar la complicidad de los funcionarios nombrados en la municipalidad de Esteban Echeverría, que tenían acceso directo a la comisaría lindera señalada mucho tiempo después como Centro de Detención Clandestina, igual que la cartelería sobre “La 205”.
Juan Carlos Ramirez Leiva
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